Antecedentes

El suministro de agua representa un factor indispensable para el desarrollo urbano e industrial. Monterrey, a través de su historia, ha luchado contra las adversidades que implican encontrarse ubicada en una zona semidesértica, con períodos cíclicos de sequías prolongadas y, en contraste, de abundancia de lluvias.

Los inicios como empresa privada:

En 1878 se construyó el primer sistema de agua entubada en Monterrey, el cual iba desde una acequia llamada de Las Quintas, al pie del Cerro del Obispado, hasta una fuente instalada en la plaza principal, donde la gente podía abastecerse de agua.
Es hasta principios del siglo pasado, cuando se inicia la construcción de un moderno sistema de agua potable y drenaje sanitario, planeado para dar servicio a una población de 200 mil habitantes.

El Gobierno del Estado, en la época del Gral. Bernardo Reyes (cuyo gobierno abarcó de 1889 a 1909), después de haber analizado diversas opciones, -entre las cuales se encontraba la construcción de una presa o la extracción de aguas profundas en la zona de la Huasteca, sobre el Rio Santa Catarina-, decidió que la única forma de asegurar un abastecimiento confiable a la creciente población de Monterrey, era concesionando los servicios a quien demostrara capacidad técnica y suficiencia económica para emprender las grandes obras que se necesitaba la ciudad hacia el futuro.

De esta forma, el Congreso del Estado expidió un decreto el 4 de noviembre de 1904, mediante el cual se elevó a rango de Ley, el contrato que el entonces Gobernador Bernardo Reyes había celebrado con los señores James Stocker y William Walker, para la concesión de los servicios de agua y drenaje, y aprovechamiento de las aguas para fuerza motriz para la ciudad de Monterrey, por lo cual en mayo de 1906, se constituye la Compañía de Agua y Drenaje de Monterrey (The Monterrey Water Works and Sewer Company, Limited) con sede en Toronto, Canadá.

La concesión se otorgó por 99 años, y se establecieron una serie de condicionantes para su subsistencia, entre ellas, que la empresa realizara las obras necesarias para "instalar drenaje en la ciudad, para conducir las aguas a ella, para distribuirlas en la misma y para dar salida a las aguas sobrantes y a las aguas y desperdicios del drenaje y atarjeas", tal como señalaba el contrato respectivo. También se comprometía a "explotar las aguas como fuerza motriz, para la generación de energía eléctrica, y para que los sobrantes de agua que no hubiera necesidad de usar en el servicio de la ciudad y las aguas del servicio de drenaje, fueran empleados en el riego en el municipio de Monterrey y fuera de él, o en cualquier otro objeto que los contratistas consideraran beneficioso". Aquí se constata la visión con la cual se constituyó el servicio que hoy goza la ciudad, incluido el tratamiento y aprovechamiento de las aguas residuales.

El Gobierno de Nuevo León tenía el derecho a comprar la compañía después de transcurridos 40 años, luego de poner en servicio las obras construidas. Es importante comentar que se estableció que las tarifas por la prestación de los servicios, serían aprobadas por el Gobierno del Estado y no podían incrementarse sin su consentimiento.

En cuanto a las fuentes de abastecimiento de agua existentes en la época, de acuerdo con los estudios técnicos realizados se consideraron dos fuentes. Una de ellas, era una galería de infiltración en el lecho del Río Santa Catarina, a la altura de la zona de San Jerónimo, en donde el agua se conducía por gravedad a un tanque construido en las faldas del Cerro del Obispado, el cual subsiste hasta nuestros días.
La otra fuente se obtuvo de un manantial conocido como La Estanzuela, llevando el agua hasta el tanque Guadalupe, en la colonia Independencia, iniciándose el servicio en 1909. Dicho manantial aún es explotado aunque en una escala mínima.

En 1912 la galería de infiltración proporcionaba 538 litros por segundo mientras que del manantial de La Estanzuela se obtenían 94 litros por segundo, sin embargo, solamente el 25 por ciento de la población de un total de 80 mil habitantes recibía los beneficios del servicio de agua potable y drenaje sanitario en sus casas.

Para 1940, se calculó que solo el 63 por ciento de los habitantes de la ciudad recibían el servicio, con lo cual se demostraba que la empresa privada no había podido concluir las obras necesarias para atender la demanda de la población, ni realizado las redes y obras de captación que permitieran incrementar el suministro de agua, que atendieran la demanda doméstica y los requerimientos del sector industrial que empezaban a crecer aceleradamente.

El desafío de la escasez:

Ante esta circunstancia, el Gobierno del Estado tuvo que afrontar el problema de la escasez de agua para la población, dando por resultado fuertes controversias con la empresa, la cual se negaba a hacer más inversiones. En 1945, y con el caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se falló a favor del Gobierno del Estado de Nuevo León, por lo que después de realizar los avalúos correspondientes y tras arduas negociaciones, el Gobernador del Estado, Lic. Arturo B. de la Garza, dispuso la compra de la compañía.

Se convino el pago de 8 millones 270 mil pesos por todos los bienes y derechos de la empresa canadiense. Para cubrir dicha cantidad, el Gobierno del Estado obtuvo un préstamo bancario de Nacional Financiera, S.A., firmándose el convenio correspondiente el 25 de julio de 1945.

Una vez que la empresa pasó a manos del Gobierno del Estado, se celebró un Fideicomiso con el Banco Mercantil de Monterrey (hoy Banorte), para continuar con la operación cotidiana, con los mismos trabajadores de la empresa, que formaban parte del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), ya que la misma empresa canadiense operaba los servicios de tranvías, luz, gas y fuerza motriz. Este sindicato es el que actualmente sigue prestando sus servicios a la Institución y a la comunidad.

A pesar de las obras que se pusieron en marcha a partir de la compra de la compañía, el crecimiento demográfico de la ciudad de Monterrey, aunado a la instalación de nuevas industrias y períodos de sequías recurrentes, provocaron que se tuvieran que implantar severas medidas de racionamiento del servicio.
Por esa razón, mediante Acuerdo Presidencial del 4 de marzo de 1954, se creó la "Comisión Agua Potable de Monterrey" (CAPM), como organismo dedicado a la investigación y estudios relativos a la captación y suministro de agua potable para la creciente metrópoli. En ella participaban la Secretaría de Recursos Hidráulicos, la de Salubridad y Asistencia, el Banco Nacional Hipotecario, Urbano y de Obras Públicas, S.A. (ahora Banobras), el Gobierno del Estado de Nuevo León, el Ayuntamiento de Monterrey, el sector privado de la industria, el de comercio y el de propietarios de fincas urbanas, así como representantes de colonias populares. Con los años, dicha Comisión se integró a lo que hoy constituye Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.